EL
MUNDO
09 febrero
2017
Daniel Viana
La 'japonización' de España y su efecto
sobre la Seguridad Social. Este es el fenómeno que ayer expuso José Luis
Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento
del Pacto de Toledo y que, básicamente, se trata de un fuerte envejecimiento de
la población, estancamiento económico, y que el país se resigne a aceptarlo o
no sea capaz de evitarlo. Esto es, lo que le ocurre a Japón.
Un
escenario así, salvando las distancias y las peculiaridades de ambas naciones,
sería muy negativo para la Seguridad Social española y, tal y como señaló
Escrivá, es en el que se basan muchas de las apocalípticas previsiones que
existen sobre el futuro del sistema. Para evidenciarlo expuso un escenario
"pesimista" en el que la población de España se reduce hasta los 44
millones de habitantes, y la tasa de ocupación no supera la registrada antes de
la crisis. A partir de estos supuestos, el gasto en pensiones alcanzaría un
importante 14,3% del PIB en 2050 y haría aun más difícil la viabilidad del
sistema.
El presidente
de la Autoridad Fiscal, sin embargo, consideró que esta situación se puede
evitar en España. En su opinión, en proyecciones como la señala no se tienen en
cuenta movimientos migratorios y la posibilidad de que el país, como ya
ocurrió, reciba trabajadores del exterior que alivien la presión y dependencia
del sistema.
Teniendo
en cuenta este factor, así como la evolución histórica de España y lo
registrado de otros países europeos, Escrivá desarrolló un segundo escenario
"menos pesimista". En este caso, la población crecería hasta los 55
millones y la tasa de ocupación se equipararía con el nivel medio de Europa. En
este contexto, el gasto sería del 11% del PIB, cifra que, evidentemente,
resultaría más manejable, y las perspectivas del sistema son mucho mejores.
15.000 millones al año
Con
esta exposición, Escrivá quiso dejar patente que, a largo plazo, la Seguridad
Social puede ser totalmente viable. Otra cosa es el corto plazo, el desfase
entre ingresos y gastos que tiene el sistema que, si no se hace nada, obligará
al Estado a inyectar 15.000 millones de euros al año para que se puedan pagar
las pensiones.
"Sin
medidas adicionales y pese a la mejora de la economía, el desequilibrio de la
Seguridad Social se mantendrá en torno al 1,5% del PIB hasta 2022",
explicó Escrivá, quien a continuación añadió: "La única forma de hacer
frente a este desequilibrio sería aportando al sistema cada año un equivalente
a ese 1,5%, en torno a 15.000 millones de euros anuales, hasta principios de la
década".
Gastos y poder
No
profundizó en si esta notable cifra se debería aportar recortando otras
partidas presupuestarias, mediante la creación de un nuevo impuesto o si es
conveniente o no agotar los escasos fondos con los que cuenta la hucha de las
pensiones. Y, de hecho, la cifra que aportó podría quedarse incluso corta ya que
los 15.000 millones se obtienen a partir de un Producto Interior Bruto de un
billón, que es el que habitualmente se utiliza como referencia pero que, tras
los fuertes crecimientos de los últimos, años se ha quedado ya desfasado.